Desde el colectivo docente local hicieron llegar a este medio un comunicado en el que se renueva el reclamo por la reafiliación a SUTEBA de una de las docentes de la agrupación. Lo transcribimos a continuación:

Luego de unos meses de haber planteado la situación, por la cual, el gremio docente SUTEBA se niega a afiliar a nuestra compañera docente por “estar en contra de Baradel”, según dijo la secretaria general del sindicato y candidata a consejera escolar por el Frente de Todos, Rosana Sánchez, seguimos esperando que se le reconozca ese derecho constitucional que asiste a cualquier trabajador.

Ante la falta de respuesta, se realizó la denuncia en el INADI, quien emitió una respuesta, el día 29 de septiembre, informando que realizaron una gestión de buenos oficios, mediante una nota de advertencia a SUTEBA en relación al expediente 2021-8537062.

La denuncia, del mismo tener, también se realizó en la oficina de Derechos Humanos de la municipalidad, quienes manifestaron mediar en la situación; pero al día de la fecha no hubo ninguna comunicación dando cuenta de su trabajo en el tema.

En una nota emitida por Bolívar AM (lunes 20 de septiembre), Liliana Díaz, integrante de SUTEBA, manifestó en forma textual que “la demanda de la docente ha sido capitalizada a nivel central y a la brevedad va a estar dentro del sindicato. Está afiliada, lo que pasa es que los tiempos de la reafiliación, al no manejarlo nosotros, lleva más tiempo y esperemos que pronto se solucione. Creo que ya está solucionado, me atrevería a decir eso”.

La realidad es que, hasta el momento, la afiliación no está hecha, lo cual, esperamos que se concrete en noviembre, como así también se le reconozca a la docente la antigüedad de afiliada desde que comenzó el trámite, en el mes de marzo del año 2020.

Consideramos que en ningún momento hubo una confusión o mal entendido, lo que ocurrió fue una clara decisión política gremial de no querer afiliar a una docente que no coincide con la conducción del SUTEBA, lo que se convierte en un atropello y una vulneración de unos de los derechos más básicos que tiene un trabajador.